Algo mas sobre nuestra DN “el uso de las FFAA para combatir el narcotráfico ¿simple demagogia?

 

Combatir al narcotráfico, “sin plan estratégico no hay cambio posible. Defensa y Seguridad requieren, sin dudas, de importantes coordinaciones. ¿Por qué no un sólo ministerio – de Defensa – que posea el monopolio de la fuerza del Estado? (Fuente: economiapersonal.com)

Situación
Episodios de violencia e inseguridad debidos al narcotráfico sacuden la realidad del país, centrándose principalmente en Rosario, provincia de Santa Fe y frente a la pasividad política y falta de comunicación del Gobierno Nacional, muchos personajes reflotan el discurso de utilizar a las FFAA para combatir el narcotráfico.
Una idea que carece de evidencia empírica sobre su efectividad y que solo produjo una escalada en la violencia y corrupción de los países que la aplicaron. El uso de las FFAA para combatir el narcotráfico no genera ningún resultado positivo y solo genera una escalada en la violencia en el territorio y de la corrupción de las instituciones del Estado como ocurre en México y Colombia

El objetivo final es demostrar que el uso de esta herramienta discursiva es solo con el fin de obtener un "rédito electoral" donde se utiliza la latente inseguridad en la que viven los ciudadanos y el imaginario de que las FFAA están hechas para combatir y por ende son mas efectivas que las Fuerzas de Seguridad (Foto: de archivo del blog)

Antecedentes
Los casos más emblemáticos y cercanos a la Argentina en la aplicación de estas políticas de utilizar a las FFAA son los de México y Colombia en la llamada “Guerra contra las drogas”.

Estructuras de Grupos Armados Organizados (GAO) se pronunciaron el día de asunción del presidente de la República Gustavo Petro Urrego. Los GAO, indicaron que están dispuestos a entablar diálogos con el nuevo Gobierno y realizar un cese al fuego. El Clan del Golfo, los Rastrojos Costeños y el ELN, tienen voluntad de someterse a la justicia en el gobierno de la Colombia Humana (Fuente: infobae.com)

1. Colombia
Dispuso el uso de las FFAA en sus asuntos internos para combatir a los carteles de droga desde 1970 contando con el apoyo de los EEUU, actualmente, 50 años después de la aplicación ininterrumpida de dichas medidas estas son las consecuencias:

- Es el tercer Estado de Latinoamérica con la mayor tasa de homicidios y el segundo de Sudamérica por detrás de Venezuela, registrando en el 2021 más de 12.000 personas asesinadas

- Es el mayor productor de cocaína a nivel mundial, donde se estima hay mas de 140.000 hectáreas de coca sembradas en su territorio

- Los carteles de narcotraficantes penetraron en las instituciones de las FFAA aumentando los casos de corrupción y complicidad del Estado




Carteles de México - En este documento, al menos 16 grupos criminales conformarían la geografía de México, el gobierno considera a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como los de mayor impacto. Sobre el primer grupo(del que se sabe, es el clan más antiguo establecido en México), las autoridades identificaron una presencia clara e importante en las entidades de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Durango y Coahuila
Para los gobiernos de México y Estados Unidos, el Cartel de Sinaloa nunca estuvo aniquilado (ni remotamente) con la captura y extradición de Joaquín el Chapo Guzmán; sólo terminó un época, pero la organización continuó siendo la más poderosa en México (Fuente: mapa de Infobae México Gabinete de Seguridad – infobae.com)

2. México
En el mismo camino, inició la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” utilizando a sus FFAA desde el año 2006 y continua hasta la actualidad, habiendo sido asesinadas mas de 350mil personas entre civiles, militares, sicarios, por lo que aplicar esta medida no trajo los resultados esperados:

- Los carteles mantienen aun presencia en todos los Estados Mexicanos que fueron intervenidos desde el despliegue de los militares

- El consumo de drogas ilegales se ha incrementado en la población, siendo que el objetivo de implementar dicha política era evitar la proliferación del consumo

* Teniendo en la región dos Estados que aplicaron esta clase de política y su rotundo fracaso, resulta ahora alarmante que referentes políticos de Argentina lo vean como una idea factible de aplicar.

Desarrollo
Nuestras FFAA, por más maltratadas y apartadas de la agenda política, tiene como función principal la Defensa de la Soberanía Nacional ante la amenaza de otros Estados. Pueden en sus funciones prestar servicio a la comunidad ante catástrofes, emergencias ambientales o de apoyo logístico a las FFSS de “naturaleza militar" como es Gendarmería y Prefectura en las fronteras, pero no participar de manera directa en la Seguridad Interior según la Ley y el consenso político de más de 30 años (Ley Nº23554)

    Fuerzas Armadas de Argentina (Foto: archivo del blog)

En correspondencia a dicho mandato el personal y medios de las FFAA están formados para disuadir agresiones de Estados y llegado el caso, la aplicación de fuerza letal. Ahora, a nivel de medios, las FFAA llevan décadas de obsolescencia y desinversión por falta de voluntad política donde el equipamiento ronda los 40 años de antigüedad "y se le debe sumar que los salarios del personal militar son inferiores al de seguridad"

En resumen, el despliegue de medios y personal de las FFAA como solución al narcotráfico no ofrece ninguna ventaja táctica ni operacional en el terreno frente al uso de FFSS. Como los casos de México y Colombia, desplegar a militares, que no están entrenados y no es su función la seguridad interior, solo aumentaría el espiral de violencia y homicidios en el país

Los "capos narcos" de la Argentina continúan cometiendo delitos en prisión. Tampoco se puede subestimar la capacidad del narcotráfico en permear las instituciones militares del Estado, desplegar a personal de las FFAA con salarios que rozan la línea de pobreza y a funciones a las que no están capacitados es la llave de entrada del narcotraficante a los arsenales y material de guerra almacenado (Foto: TN.com.ar)

Son posibilidades y factores en riesgo que no pueden salir del análisis de aplicar dicha política, se evidencia también, un alto grado de desconocimiento y falta de interés sobre la realidad a nivel material y de personal de la dirigencia política hacia las instituciones militares, la utilización de las FFAA para combatir el narcotráfico es una política perjudicial que solo aumenta la violencia y no brinda ninguna solución, México y Colombia lo demuestran cada año.

Las FFAA tienen que estar dirigidas para cumplir su función especifica por la cual fueron creadas y deben ser equipadas y entrenadas acorde a ello. En un contexto internacional donde la guerra entre estados y la geopolítica de los recursos se encuentran más vigentes que nunca, que un Estado bicontinental, y con parte de su territorio usurpado por una potencia extranjera, reniegue a sus funciones de defensa es un error gravísimo a su política exterior

*Una forma posible de abordaje a la problemática del narcotráfico seria basándose en:

- Mejorar la infraestructura y capacidad del sistema penitenciario para que funcione propiamente como una institución para cumplir condenas y de reinsertarse a la sociedad

Parte de un “bunker” de monitoreo para inteligencia en la lucha contra el narcotráfico (Fuente: es.wikipedia.org)

- Aplicar el uso de sistemas de Inteligencia y Monitoreo tanto en el terreno, como al interior del sistema penitenciario, donde ya es conocido que los presos poseen celulares sin ninguna restricción para comunicarse con el exterior

- Instruir y formar a las fuerzas de seguridad de manera acorde a la problemática. El Estado Nacional debe monitorear la formación y equipamiento de las fuerzas de seguridad provinciales.

Conclusiones

“La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil” (Fuente: infobae.com)

- Finalmente, el narcotráfico, el crimen organizado y las nuevas amenazas a la seguridad propias del siglo XXI tienen su principal punto de proliferación y de penetración en la sociedad, siendo afectados principalmente los sectores donde existe la vulnerabilidad, desigualdad económica y marginalidad social.

- Argentina lleva encima más de dos décadas de desequilibrios económicos, alta inflación y altos índices de pobreza en sus periferias urbanas. Estas son condiciones para que el narcotraficante pueda instalarse donde el Estado no llega como un proveedor de servicios, trabajo e ingresos

    Pobreza (Foto: archivo del blog)

- Presentar a las FFAA para la lucha contra el narcotráfico como la mejor propuesta posible evidencia que la dirigencia política sólo está en la obtención de un rédito electoral favorable a las próximas elecciones a fin de año.

La dirigencia política argentina si busca una solución a estas nuevas amenazas tiene que hacerlo de manera integral y no solo remediar las consecuencias de malas decisiones políticas y faltas de acuerdo a nivel macro ni mucho menos hacerlo desde la demagogia y el sensacionalismo.

Fuentes:
- Ignacio Andrés Panero – zona-militar.com
- amshistoria.blogspot.com

Algo mas sobre nuestra DN “la urgencia de una política de Estado para recuperar los territorios que hoy controlan el narcotráfico”

No hay anuncios espectaculares ni soluciones mágicas que funcionen, se necesita que el gobierno federal coordine acciones sociales y policiales de prevención y persecución de tales delitos, pero respetando las competencias locales y nacionales.

    Narcotráfico (Foto: lanacion.com)

* Ya existen en el Estado los ámbitos adecuados para coordinar acciones: Jefatura de Gabinete de la Nación, ministerios de Acción Social, Seguridad, Defensa y Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de Seguridad Interior. El gobierno federal debe ocuparse de tema, pues el narcotráfico es prioritariamente de su competencia

La cuestión de las organizaciones mafiosas se ha convertido en un problema real en nuestro país, y de muy compleja solución porque al insertarse en estructuras sociales diversas excede la mera respuesta policial y judicial.

Lo que hizo el narcotráfico fue aportar consistencia de estructura mafiosa a otras actividades delictivas que promueve directa o indirectamente, lo que torna más compleja la persecución del delito, porque la acción del sistema judicial está sometida a reglas propias de un Estado de Derecho regular y este concepto exige que sea desmenuzado para que se comprenda su alcance.

Comenzando por sintetizar el campo delictivo, el narcotráfico ha convertido en un tema secundario su conceptualización como un problema de salud pública, como lo define la ley 23.737, porque debe ser visto como un problema de estructura mafiosa, lo que demanda que muchos conceptos arraigados en el ámbito judicial sean revisados.

"Narcomenudeo"

Patricia Bullrich - En 2019, el Consejo de Procuradores Generales de la República Argentina organizó en Rosario un congreso sobre narcotráfico y allí se presentó una delegación importante de gente de los barrios populares de la zona, informando que habían declarado “persona no grata” a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, y solicitando que no persiguieran a los “soldaditos de la droga”, que son sus hijos y los que llevan la plata a su casa.
No hace falta mucho esfuerzo para verificar que en los barrios periféricos de CABA y el “conurbano bonaerense”, así como en barrios marginales de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán las estructuras del narcotráfico ocuparon el lugar del Estado y de los originarios “punteros políticos” que hacían de nexo entre sus habitantes y el gobierno de turno, y el fenómeno se extiende hacia otras provincias (Fuente: infobae.com)

Así, el narcomenudeo que suele ser despreciado por los tribunales como una actividad riesgosa para la salud, debe ser visto ahora como un comercio que alimenta a las estructuras mafiosas y corresponde por lo tanto descartar el criterio de que la tenencia de escasa cantidad (nunca mensurada) de estupefacientes resulta atípica.

En barrios populares abandonados por el Estado, ese cuadro delictivo está “naturalizado” socialmente como parte de la vida diaria y su dinámica incorporada al sentido común de muchos de sus habitantes, como medio de vida y de crecimiento social, razón por la cual no puede ser cortado de raíz sólo con nuevas leyes, más tribunales y la incorporación de las fuerzas armadas a la persecución de los delitos, porque actualmente todos los sujetos involucrados en el narcotráfico y sus derivados son, lamentablemente, fungibles (La etimología de fungible nos lleva al vocablo latino fungi, que puede traducirse como “gastar”; por otro lado, el sufijo -ble hace referencia a las cosas que con el uso se consumen. Precisamente, el concepto se emplea para calificar a aquello que, al usarlo, es consumido)

Por cada uno que se encarcele surgirá otro en su reemplazo y no es posible ni lógico que la política prevista se limite a encarcelar en el tiempo a miles de personas por un fenómeno que excede los parámetros tradicionales del derecho penal, además de que por su magnitud no habrá tribunales capaces de juzgar todos los hechos.
Basta mirar lo ocurrido en México y Brasil para advertir el fenómeno de fungibilidad y aumento de violencia consecuente, por la lucha por los liderazgos y el territorio que se generó cuando se pretendió limitar la persecución del narcotráfico a la mera detención de personas, más o menos relevantes en su organización

Narcomenudeo - Es preciso actuar sistemáticamente entonces sobre los puestos de venta de estupefacientes que son siempre visibles y conocidos por las fuerzas de seguridad y sobre quienes reparten las drogas a la vista y tolerancia de quienes deberían intervenir para impedirlo.
Paralelamente, las estructuras mafiosas diversifican su actividad y además de la introducción, producción y venta de estupefacientes cometen otro tipo de delitos, como la corrupción y/o amenazas a las fuerzas de seguridad y penitenciarias, las extorsiones a comercios, tráfico de personas y aportan fondos a campañas políticas, mientras que la demanda de dinero para comprar estupefacientes y para saldar deudas con los narcotraficantes genera olas de delitos “comunes” como robos, homicidios en ocasión del robo, etc. (Foto: rosario3.com - Los dealers hacían los negocios en el centro y en zona norte de Rosario aseguraron los investigadores – Fuente: infobae.com)

Por ello, en el combate contra las estructuras mafiosas del narcotráfico y sus consecuencias es necesaria una acción integral, que comience por recuperar el lugar del Estado en los barrios donde está enquistado, lo que significa urbanizar, aportar seguridad, escolaridad y alimentación, además de dotar a sus habitantes de fuentes de trabajo, como se hizo en Nueva York como parte del “plan Giuliani”, es decir, desplazar a la mafia de su rol social actual.

Al mismo tiempo, actuar firmemente contra el narcomenudeo en todos sus aspectos y los delitos periféricos, incluyendo;
- fuerte persecución a la tenencia ilegal de armas con procedimientos sistemáticos de requisa,
- uso de tecnología contra los delitos comunes asociados,
- una consistente política contra el contrabando,
- fundamentos carcelarios adecuados al fenómeno mafioso.

Pero, todo ello debe hacerse en el marco conceptual legal adecuado, considerando que el nuestro es un país federal y los delitos comunes cometidos por las estructuras mafiosas son competencia de las provincias y de CABA, incluyendo en muchos casos el narcomenudeo, mientras que el contrabando, producción y almacenamiento de estupefacientes son de competencia federal, por lo cual deben considerarse y coordinarse los roles de las diferentes jurisdicciones; que los tribunales no son órganos de prevención sino de juzgamiento de hechos ya ocurridos y que el derecho penal no sirve sino tangencialmente para solucionar problemas sociales.

En cuanto al tema del narcomenudeo, si bien hay voces para devolverlo en todos los casos a la competencia federal, cabe recordar que en el interior del país las fuerzas y tribunales federales son escasos en cuanto a medios y capacidad operativa, al tiempo que suele haber mucha distancia entre los hechos y los órganos judiciales y que la realidad del lugar la conocen las fuerzas locales, ya que las nacionales suelen ser sistemáticamente rotadas.

Por eso, la estadística sobre la actividad de persecución penal del narcomenudeo fue más eficiente en manos de la justicia ordinaria

    Narcotráfico (Foto: infobae.com)

Conclusión
En consecuencia, es necesaria una urgente política de Estado que coordine acciones sociales y policiales de prevención y persecución de tales delitos, respetando las competencias locales y federales, que incluya una agencia capaz de analizar integralmente el funcionamiento de las estructuras del narcotráfico y concertar y armonizar planes de persecución con todas las jurisdicciones involucradas.

Por lo tanto, esfuerzos espasmódicos y aislados, con visión mágica, como crear más tribunales federales o habilitar a las fuerzas armadas para funciones policiales no darán ningún resultado y generarán más frustración.

Fuente: Luis Jorge Cevasco – infobae.com

Algo mas sobre nuestra DN “El terrorismo está de nuevo entre nosotros”

*La Argentina se ha convertido en un paraíso para la delincuencia organizada mundial, al tiempo que resulta cada vez menos atractiva para los capitales honestos

El crimen organizado disfruta de los beneficios de un gobierno que, por incapacidad, prejuicios ideológicos o complicidad, mira para otro lado.
Puede definirse al terrorismo como una sucesión de actos de violencia mediante los cuales se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a la población en general. Los delitos de “lesa humanidad2 suponen, por su parte, un ataque generalizado o sistemático contra derechos personalísimos de la población civil o parte de ella.

El presidente Alberto Fernández al referirse a la situación en la ciudad de Rosario (Foto: lanacion.com)

- ¿Puede quedar alguna duda de que Rosario y su población son, desde hace bastante tiempo, blanco de la acción del terrorismo?

- ¿Puede dudarse de que los asesinatos de tantas personas inocentes, incluidas niños y niñas, constituyen verdaderos delitos de “lesa humanidad”?

- ¿Es posible dudar de que las recurrentes balaceras contra comercios a cargo de personas honestas que se hallan al margen de cualquier disputa entre bandas del narcotráfico constituyen ataques contra civiles inocentes, dirigidos a matar o a sembrar pánico en la sociedad?

El ministro de seguridad de la Nación Aníbal Fernández durante la presentación de las tropas federales llegadas a Rosario, atrás a la izquierda el Gobernador Perotti y a la derecha el Intendente Javkin (Foto: lanacion.com)

Una parte de la biblioteca (no toda) podrá decir que, para que pueda hablarse de delitos de “lesa humanidad” es indispensable la intervención del Estado o de personas que actúan por la incitación o con el consentimiento estatal o de grupos y organizaciones para-estatales que intervienen estando en ejercicio en algún tipo de gobierno de facto.
Si así fuese, no quedan dudas de que estamos ante esta clase de aberrantes delitos cuando se advierte que el crimen organizado que viene actuando en Rosario lo hace con la complicidad de representantes del poder político, de jueces y de policías.

Entre los casi 300 homicidios registrados en el departamento de Rosario en 2022 y los 66 producidos en lo que va de 2023, hubo un gran número de víctimas inocentes. Todas sufrieron las consecuencias de una presunta guerra completamente ajena a ellas y de un Estado que, por incapacidad, miedo o simple complicidad, se dejó arrebatar el monopolio de la fuerza.
Fueron, directa o indirectamente, las víctimas de un gobierno que durante demasiado tiempo miró para otro lado, preocupado por dotar de impunidad a gobernantes y amigos, antes que por garantizar la seguridad de los ciudadanos comunes.

La nota que dejaron los narcos tras balear el supermercado Roccuzzo en Rosario. El dinero del narcotráfico ensucia desde hace muchos años los bolsillos de dirigentes políticos, policías y jueces, acaba de reconocerlo el propio presidente Alberto Fernández. Pero sus palabras no garantizan cambio alguno, solo fuegos artificiales en vísperas de un proceso eleccionario.  (Foto y fuente: lanacion.com)

En la Asamblea Legislativa del 1° de marzo último, el jefe del Estado responsabilizó por los hechos de violencia en Rosario al Consejo de la Magistratura porque no cubre cargos vacantes de jueces, cuando los candidatos a llenar los juzgados vacantes en Santa Fe están en manos del Senado de la Nación o del propio Poder Ejecutivo Nacional. El relato presidencial, dirigido a golpear a Horacio Rossatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, hace agua por todos lados.

Carlos Rosenkrantz y Horacio Rossati en el momento que son cuestionados por el presidente Alberto Fernández, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso (Foto: Aníbal Greco – lanacion.com)

La responsabilidad del gobierno nacional también aparece cuando toma estado público que una enorme parte de los delitos del crimen organizado registrados en Rosario han sido ordenados desde las cárceles.
Allí los presos pueden utilizar teléfonos celulares y estar conectados por WiFi con llamativa libertad. Algunos de esos dispositivos les son vendidos por personal del Servicio Penitenciario Federal, organismo que, por si fuera poco, vio desmantelada la oficina de inteligencia criminal en las unidades carcelarias, por lo que perdió toda posibilidad de controlar conversaciones telefónicas entre los jefes del narcotráfico detenidos.

                                   La cárcel de Ezeiza, vista aérea (Fuente: infobae.com)

La Procuración General de la Nación exhortó al ministro de Justicia Martín Soria, para que se extremen los recaudos tendientes a erradicar el uso de teléfonos celulares por detenidos en las unidades penales federales, a colocar inhibidores de señales en los pabellones carcelarios y a cumplir la ley que, desde 2017, prohíbe que los presos tengan celulares en su poder.

Contundentes fueron las palabras del especialista en la lucha contra el crimen organizado Edgardo Buscaglia (en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre) dio cuenta de la existencia de un “pacto político de impunidad mafiosa” que acerca a la Argentina a una “mafiocracia” y que la está conduciendo hacia una “mexicanización”.

Como indicador, explicó que, cuando fue invitado por el gobierno de Santa Fe, a cargo por entonces de Antonio Bonfatti, hace unos diez años, impulsó la conformación de un “pool antimafia” como el que convoca a instrumentar la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, ratificada por el Congreso de la Nación.

Edgardo Buscaglia, “El Estado argentino está de rodillas frente a la delincuencia trasnacional”, especialista en la lucha contra el crimen organizado, habló con Eduardo Feinmann sobre la problemática delictiva que penetró la esfera política en nuestro país:
-“El mercado político está profundamente penetrado por la delincuencia organizada”
-“Desde hace doce años venimos señalando la infiltración de la delincuencia organizada internacional, el cartel de Sinaloa en Chaco, Formosa, la provincia de Buenos Aires que es el centro patrimonial de la delincuencia organizada argentina”
-“No solo hacemos un diagnóstico sino que además proponemos medidas que aún no se implementan en Argentina debido a un pacto político de impunidad mafiosa”
-“Es una ley internacional que el senado argentino aprobó. Exige la formación de un equipo formado por un juez federal, un juez provincial, un fiscal federal, un fiscal provincial, agencia tributaria, aduanas, policía federal. Reunirlos alrededor de una mesa”
-“Empezamos a formarla en Santa Fe e inmediatamente el gobierno federal boicoteó a esa “Fuerza de Tarea” para que no pueda llegar a recoger evidencia de las vinculaciones a la política santafecina”
-“El representante de Aduana venía en secreto a la reunión”
- Respecto a las medidas tomadas por el gobierno: “Son medidas espasmódicas electorales que en ningún país del mundo sirvieron para nada”
-“Hay que llegarles al dinero que entra a la política que los protege, a los empresarios y sus fideicomisos en el sector de la construcción, en las concesiones de puertos privados, en el sector pesquero”
-“Este fenómeno se está expandiendo a la provincia de Buenos Aires, Campana, Zárate, Pilar”
-“Esto se expande a todas las provincias argentinas si no aplican las 45 medidas anti mafia que están contempladas en esta ley internacional de las naciones unidas que el Senado argentino ratificó como ley”
-“Mandar soldaditos o mandar a policías como show preelectoral…, va a terminar siendo como México, va a explotar”
-“Hay políticos de muchos partidos metidos. Esa protección política mafiosa hay que romperla”
-“El estado argentino está a merced de grupos criminales de Brasil, de México, de Rusia”
-“Nunca en la historia argentina hubo una reforma judicial que incluya al sistema penitenciario”
-“Está descontrolado el sistema político y judicial argentino”

(Fuente: eduardofeinmann.com)

En ese "pool" (una suerte de “equipo de fútbol contra la mafia”) según Buscaglia, debían converger, alrededor de una misma mesa, jueces y fiscales federales y provinciales, junto a representantes de la autoridad tributaria, de la Aduana, de la inteligencia federal y de otros organismos, con el propósito de enfrentar al crimen organizado. Pero tal comisión, que existe en 67 democracias del mundo, nunca pudo ponerse en marcha en la Argentina, porque el gobierno de Cristina Kirchner “boicoteó” la presencia de los miembros de las instituciones federales, de acuerdo con la denuncia de Buscaglia.

Nada pueden hacer Santa Fe ni Rosario sin el apoyo del gobierno federal. En tal sentido, Buscaglia citó que si un fiscal federal de esa provincia quisiera saber cuáles son las propiedades que posee en otras provincias un acusado por narcotráfico, no lo podría saber, porque los registros de la propiedad no están conectados. Tampoco pudo ser sancionada una ley de extinción de dominio para que aquellos patrimonios que no se puedan justificar pasen al fisco.

Según denunció Buscaglia, el "cartel de Sinaloa" ya está en el Chaco, en Formosa y en la provincia de Buenos Aires, si bien es factible que el dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado haya infectado las arcas de no pocas fuerzas políticas, es indudable que, por el hecho de haber gobernado durante 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo no está en condiciones de eludir su responsabilidad en el crecimiento de la narco-violencia.

- ¿Cuál puede ser la razón de la histórica falta de convicción de sus gobiernos a la hora de enfrentar el problema que plantean la inseguridad y, más recientemente, el terrorismo que castiga a una zona como Rosario?
- ¿Simple incapacidad, prejuicios ideológicos o complicidad? Probablemente, un poco de las tres cosas.

La insólita demora oficial en admitir la conveniencia de dotar a los efectivos policiales de pistolas Taser puede ser un ejemplo de aquellos prejuicios que tantas veces atan de manos a ciertos funcionarios.

Las diferencias internas no son menores, allí están, por caso, Sergio Berni y César Milani coincidiendo en que “hay que hacer algo parecido a El Salvador”, en referencia a las cuestionables mas efectivas políticas del presidente Bukele para derrotar a las maras, mientras otros funcionarios, como la titular del Servicio Penitenciario Federal María Laura Garrigós de Rébori, parecen más preocupados por concederles los beneficios de la prisión domiciliaria a peligrosos delincuentes para superar el problema de la superpoblación carcelaria.

María Laura Garrigós de Rébori fue nombrada por el gobierno nacional como interventora del SPF, depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria y, además de ser interventora, la ex jueza de 66 años actúa como titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
Garrigós de Rébori se jubiló en el año 2018 como jueza de Casación Penal de CABA, pero años antes ya había levantado el perfil mediático al ser la fundadora y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. (Fuente: infobae.com)

Sería interesante saber qué piensa hoy Sergio Massa, quien durante la campaña presidencial de 2015, proponía públicamente que las fuerzas armadas lucharan contra el narcotráfico en los barrios más necesitados.
Pero en el actual oficialismo, siempre se han destacado posturas garantistas o abolicionistas, junto a ciertas expresiones que reivindican la legalización del consumo y la comercialización de drogas hoy prohibidas, antes que el combate del narcotráfico. Esas posiciones distinguen a dirigentes y militantes que ven en la prohibición del comercio de estupefacientes una simple herramienta de control social.

Tal postura se vio reflejada en un artículo del abogado penalista Ciro Annicchiarico publicado en estos días por la Agencia Paco Urondo; “¿tiene sentido saturar la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe de miles o decenas de miles de gendarmes en los barrios considerados claves, o comprometer al Ejército en supuestas tareas de urbanización? Lo dudo!

                                   (Fuente: lanacion.com)

"El sistema policial santafesino ya está cooptado y neutralizado, voluntariamente o por temor, por el negocio del narcotráfico. Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario aseveró”, escribió, avalando elípticamente el "sincericidio" del ministro Aníbal Fernández cuando dijo “que ganó el narcotráfico”.

Lo más relevante es su propuesta: “Lo que hay que cortar es el negocio multimillonario que se crea gracias a la prohibición del consumo de estupefacientes, que tiene como verdadero y oculto fin el de generar condiciones para el control social, no evitar que las personas consuman, y comprender que el problema de las drogas y sus adicciones, al igual que pasa con el alcoholismo y el tabaquismo, es un problema de salud pública, hábitos, excesos y adicciones que no se curan con leyes penales ni penas de prisión”, expresó Annicchiarico.

*Junto a la incapacidad, los prejuicios y las posturas ideológicas afines con la despenalización del consumo de estupefacientes, aparecen las sospechas y las denuncias de complicidad con los mercaderes de la droga, que ni siquiera son de ahora (En 2019, la monja Martha Pelloni, recordada por su lucha para el esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales en Catamarca en los años 90, denunció que La Cámpora era un brazo del narcotráfico en la provincia de Corrientes ¡Sus dichos cobran hoy actualidad!)

Fuente: Fernando Laborda – lanacion.com (10/03/2023)