No hay anuncios espectaculares ni soluciones mágicas que funcionen, se necesita que el gobierno federal coordine acciones sociales y policiales de prevención y persecución de tales delitos, pero respetando las competencias locales y nacionales.
La cuestión de las organizaciones mafiosas se ha convertido en un problema real en nuestro país, y de muy compleja solución porque al insertarse en estructuras sociales diversas excede la mera respuesta policial y judicial.
Lo que hizo el narcotráfico fue aportar consistencia de estructura mafiosa a otras actividades delictivas que promueve directa o indirectamente, lo que torna más compleja la persecución del delito, porque la acción del sistema judicial está sometida a reglas propias de un Estado de Derecho regular y este concepto exige que sea desmenuzado para que se comprenda su alcance.
Comenzando por sintetizar el campo delictivo, el narcotráfico ha convertido en un tema secundario su conceptualización como un problema de salud pública, como lo define la ley 23.737, porque debe ser visto como un problema de estructura mafiosa, lo que demanda que muchos conceptos arraigados en el ámbito judicial sean revisados.
"Narcomenudeo"
No hace falta mucho esfuerzo para verificar que en los barrios periféricos de CABA y el “conurbano bonaerense”, así como en barrios marginales de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán las estructuras del narcotráfico ocuparon el lugar del Estado y de los originarios “punteros políticos” que hacían de nexo entre sus habitantes y el gobierno de turno, y el fenómeno se extiende hacia otras provincias (Fuente: infobae.com)
Así, el narcomenudeo que suele ser despreciado por los tribunales como una actividad riesgosa para la salud, debe ser visto ahora como un comercio que alimenta a las estructuras mafiosas y corresponde por lo tanto descartar el criterio de que la tenencia de escasa cantidad (nunca mensurada) de estupefacientes resulta atípica.
En barrios populares abandonados por el Estado, ese cuadro delictivo está “naturalizado” socialmente como parte de la vida diaria y su dinámica incorporada al sentido común de muchos de sus habitantes, como medio de vida y de crecimiento social, razón por la cual no puede ser cortado de raíz sólo con nuevas leyes, más tribunales y la incorporación de las fuerzas armadas a la persecución de los delitos, porque actualmente todos los sujetos involucrados en el narcotráfico y sus derivados son, lamentablemente, fungibles (La etimología de fungible nos lleva al vocablo latino fungi, que puede traducirse como “gastar”; por otro lado, el sufijo -ble hace referencia a las cosas que con el uso se consumen. Precisamente, el concepto se emplea para calificar a aquello que, al usarlo, es consumido)
Por cada uno que se encarcele surgirá otro en su reemplazo y no es posible ni lógico que la política prevista se limite a encarcelar en el tiempo a miles de personas por un fenómeno que excede los parámetros tradicionales del derecho penal, además de que por su magnitud no habrá tribunales capaces de juzgar todos los hechos.
Basta mirar lo ocurrido en México y Brasil para advertir el fenómeno de fungibilidad y aumento de violencia consecuente, por la lucha por los liderazgos y el territorio que se generó cuando se pretendió limitar la persecución del narcotráfico a la mera detención de personas, más o menos relevantes en su organización
Paralelamente, las estructuras mafiosas diversifican su actividad y además de la introducción, producción y venta de estupefacientes cometen otro tipo de delitos, como la corrupción y/o amenazas a las fuerzas de seguridad y penitenciarias, las extorsiones a comercios, tráfico de personas y aportan fondos a campañas políticas, mientras que la demanda de dinero para comprar estupefacientes y para saldar deudas con los narcotraficantes genera olas de delitos “comunes” como robos, homicidios en ocasión del robo, etc. (Foto: rosario3.com - Los dealers hacían los negocios en el centro y en zona norte de Rosario aseguraron los investigadores – Fuente: infobae.com)
Por ello, en el combate contra las estructuras mafiosas del narcotráfico y sus consecuencias es necesaria una acción integral, que comience por recuperar el lugar del Estado en los barrios donde está enquistado, lo que significa urbanizar, aportar seguridad, escolaridad y alimentación, además de dotar a sus habitantes de fuentes de trabajo, como se hizo en Nueva York como parte del “plan Giuliani”, es decir, desplazar a la mafia de su rol social actual.
Al mismo tiempo, actuar firmemente contra el narcomenudeo en todos sus aspectos y los delitos periféricos, incluyendo;
- fuerte persecución a la tenencia ilegal de armas con procedimientos sistemáticos de requisa,
- uso de tecnología contra los delitos comunes asociados,
- una consistente política contra el contrabando,
- fundamentos carcelarios adecuados al fenómeno mafioso.
Pero, todo ello debe hacerse en el marco conceptual legal adecuado, considerando que el nuestro es un país federal y los delitos comunes cometidos por las estructuras mafiosas son competencia de las provincias y de CABA, incluyendo en muchos casos el narcomenudeo, mientras que el contrabando, producción y almacenamiento de estupefacientes son de competencia federal, por lo cual deben considerarse y coordinarse los roles de las diferentes jurisdicciones; que los tribunales no son órganos de prevención sino de juzgamiento de hechos ya ocurridos y que el derecho penal no sirve sino tangencialmente para solucionar problemas sociales.
En cuanto al tema del narcomenudeo, si bien hay voces para devolverlo en todos los casos a la competencia federal, cabe recordar que en el interior del país las fuerzas y tribunales federales son escasos en cuanto a medios y capacidad operativa, al tiempo que suele haber mucha distancia entre los hechos y los órganos judiciales y que la realidad del lugar la conocen las fuerzas locales, ya que las nacionales suelen ser sistemáticamente rotadas.
Por eso, la estadística sobre la actividad de persecución penal del narcomenudeo fue más eficiente en manos de la justicia ordinaria
Conclusión
En consecuencia, es necesaria una urgente política de Estado que coordine acciones sociales y policiales de prevención y persecución de tales delitos, respetando las competencias locales y federales, que incluya una agencia capaz de analizar integralmente el funcionamiento de las estructuras del narcotráfico y concertar y armonizar planes de persecución con todas las jurisdicciones involucradas.
Por lo tanto, esfuerzos espasmódicos y aislados, con visión mágica, como crear más tribunales federales o habilitar a las fuerzas armadas para funciones policiales no darán ningún resultado y generarán más frustración.
Fuente: Luis Jorge Cevasco – infobae.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario