* El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el
proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
El canciller Pablo Quirno detalló los reclamos respecto a la explotación de hidrocarburos, la
información obtenida en las exploraciones, la protección ambiental y el otorgamiento de nuevas licencias
- A primeras horas de hoy, la Cancillería argentina y la Secretaría de Legal y Técnica presentaron ante el TIDM una solicitud formal de medidas provisionales(1)
La presentación formula cuatro requerimientos urgentes:
º la prohibición de nuevas actividades extractivas,
º la restricción en el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones,
º la exigencia de que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos,
º la preservación de los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental mientras se sustancia el procedimiento arbitral principal iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR
- La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
- En la presentación trabajaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal.
El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente en el que se informó que la Argentina había recurrido al organismo judicial internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar una intervención urgente que preserve los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia
- Ese plazo venció ayer, lunes 12 de octubre, el Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.
- Ese plazo venció ayer, lunes 12 de octubre, el Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.
Hoy (13/10/2026), el gobierno argentino formalizó el pedido de medidas provisionales, en el que tuvo un rol clave el equipo que lidera Ibarzábal, a quien el presidente Milei define como “el cerebro” jurídico de la administración estatal
Por su parte, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que también participó la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio
Por su parte, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que también participó la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio
- “La estrategia integral impulsada por el Presidente Milei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos”, sostuvo Quirno. El ministro describió la presentación como un hecho sin precedentes y explicó que el país había recurrido al Tribunal para solicitar medidas provisionales(1) destinadas a detener las acciones unilaterales británicas en la Cuenca Malvinas Norte
- El Gobierno pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero.
La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.
- En el comunicado, la Presidencia precisó que la solicitud busca “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”
Sobre el Tribunal y los plazos
- La Oficina del Presidente explicó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - CONVEMAR”.
- El fundamento jurídico inmediato es el artículo 290, párrafo quinto, que permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.
En el comunicado presidencial se destacó que cualquiera de las partes puede solicitar esas medidas para preservar sus derechos o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación lo requiera.
- La distinción entre ambos procedimientos resulta central, el arbitraje del Anexo VII contempla un tribunal especial de cinco integrantes, cuya constitución y posterior procedimiento pueden demandar varios años. En cambio, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona permanentemente y tiene atribuciones para examinar solicitudes urgentes antes de que se encuentre constituido el órgano arbitral.
- Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas, si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.
- Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas el procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve, los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.
Sobre el Reino Unido(2)
- El Reino Unido sostiene, por su parte, que las actividades petroleras autorizadas en Malvinas se encuentran amparadas por la normativa aplicable y el derecho internacional.
- En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó la posición argentina “la República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
- Con la presentación de este martes, la Argentina concretó el paso judicial anunciado a fines de septiembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá examinar ahora los cuatro requerimientos formulados por el Gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer medidas provisionales
Fuentes:
- Facundo Cháves
- infobae.com
Referencias:
(1) Detalles de las medidas provisionales
1. El primer pedido apunta directamente a Sea Lion; la Argentina solicitó que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas mediante ese proyecto.
Es el objetivo inmediato de la presentación, el desarrollo petrolero todavía no comenzó su producción comercial, prevista para 2028, pero las compañías involucradas ya adoptaron decisiones de inversión, contrataron infraestructura y avanzaron con los preparativos para iniciar las perforaciones. La solicitud busca que esas actividades queden sujetas a restricciones provisionales mientras se sustancia la controversia internacional
2. El segundo requerimiento se concentra en la información obtenida durante las exploraciones; Quirno explicó que la Argentina pidió que el Reino Unido “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.
Este punto incorpora un aspecto diferente de la eventual extracción de petróleo, el planteo comprende los resultados de los trabajos exploratorios realizados en el área, que pueden incluir información geológica, geofísica y técnica utilizada para identificar y evaluar los recursos hidrocarburíferos.
El pedido argentino pretende evitar que esa información sea utilizada en perjuicio de los derechos que reclama el país mientras permanece pendiente la controversia.
El alcance concreto de una eventual restricción deberá ser determinado por el Tribunal.
3. El tercer pedido introduce expresamente la protección del medio marino; la Argentina solicitó que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones que considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR en las áreas marítimas objeto del conflicto.
El artículo 192 establece que los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino, el artículo 194 dispone que deben adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina, mediante los medios disponibles y de acuerdo con las obligaciones previstas en la Convención.
La Cancillería intenta vincular esas disposiciones con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa, el planteo apunta a preservar las facultades y obligaciones ambientales que invoca la Argentina, además de prevenir posibles alteraciones del lecho y el subsuelo marino.
La incorporación de estos artículos agrega una dimensión ambiental al reclamo, que el Tribunal deberá examinar para determinar si las obligaciones invocadas resultan aplicables y justifican adoptar medidas provisionales.
4. El cuarto requerimiento busca impedir nuevas decisiones unilaterales; la Argentina solicitó que el Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, particularmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.
La finalidad de este punto es evitar que las autoridades británicas amplíen las autorizaciones o adopten decisiones que modifiquen la situación mientras continúa el procedimiento internacional, se relaciona con la posición argentina de que las partes deben abstenerse de realizar actos unilaterales capaces de agravar el conflicto de soberanía
* Los cuatro requerimientos integran una misma solicitud judicial, su presentación no implica que hayan sido concedidos.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar cada pretensión y determinar si corresponde ordenar medidas provisionales y cuál será su alcance.
Al concluir su publicación, Quirno reiteró la voluntad argentina de recurrir al diálogo y a los mecanismos pacíficos de solución de controversias “reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, expresó el canciller, en referencia a las resoluciones de Naciones Unidas.
(2) Sobre el Reino Unido: respaldó la explotación petrolera en Malvinas y anunció medidas legales para blindar a las empresas de la presión Argentina
Es la respuesta del gobierno británico al pedido argentino ante el Tribunal del Mar para frenar Sea Lion.
La legislación sobre la protección de los intereses comerciales impide que las personas sujetas a la jurisdicción del Reino Unido cumplan con medidas sancionadoras extraterritoriales específicas
- El gobierno británico invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales – PTI, para blindar a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, una acción que refuerza el respaldo de Londres, la decisión se produjo tras la presentación del gobierno argentino de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar – TIDM.
- En simultáneo, medios británicos como The Telegraph informaron que Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores británico, autorizó la actividad de Sea Lion, según confirmó Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto a la británica Rockhopper Exploration.
- La legislación de Protección de Intereses Comerciales – PTI, le permite al gobierno tomar acciones concretas para “blindar” a las empresas, entre otros puntos, permite prohibir a las compañías y personas bajo jurisdicción del Reino Unido que cumplan con leyes extranjeras (en este caso, las leyes argentinas que imponen sanciones o restricciones a quienes operan en Malvinas)
- También impide que los tribunales británicos reconozcan o ejecuten sentencias extranjeras contra actividades legítimas en las islas, y habilita a las empresas a reclamar ante la justicia británica la recuperación de cualquier daño económico sufrido como consecuencia de esas presiones externas
- El Gobierno, según información oficial, tramitará la legislación secundaria “con la mayor celeridad posible, con el objetivo de que entre en vigor antes de finales de año”, “esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido. Implementaremos medidas en el marco de la legislación sobre la PTI, para salvaguardar los intereses del Reino Unido y continuaremos colaborando estrechamente con las empresas afectadas. Estas medidas envían una señal clara de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”, señaló el secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds.
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